Solidaridad Digital.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado una serie de propuestas e iniciativas sobre discapacidad para incorporar a la nueva agenda social anunciada por el Gobierno, con el objetivo de favorecer a las personas con discapacidad y sus familias.

En el ámbito de la inclusión laboral, el Cermi plantea una modificación legislativa en relación a la Ley de Contratos del Sector Público, para exigir a los licitadores, como "requisito de admisibilidad en los procedimientos", que en la contratación pública acrediten el cumplimiento legal de la reserva de los puestos de trabajos a favor de personas con discapacidad.

También propone una modificación normativa para esta ley, a fin de establecer que todos los órganos contratantes de las Administraciones Públicas estén obligados a reservar el 6% de los contratos públicos que convoquen anualmente a favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social y sin ánimo de lucro.

Dentro de este ámbito, otra medida que establece es la modificación normativa en relación a la Ley General de Subvenciones, para establecer la prohibición de otorgar "ningún tipo de ayuda pública, incluidas las subvenciones, a empresas y entidades que, estando obligadas, no acrediten el cumplimiento de la cuota de reserva para personas con discapacidad".

En cuanto al ámbito de la accesibilidad, el Cermi hace referencia a la rebaja de los plazos máximos de la Liondau de 17 a 13 años, "de modo que el 2016 sea el límite temporal máximo para la adaptación de todos los entornos, productos y servicios".

Por otro lado, pide una reforma de la Lismi para elevar al 6% como mínimo para todo el Estado la reserva de viviendas de promoción pública a favor de las personas con discapacidad, "abriendo esta reserva a las asociaciones y sus fundaciones de personas con discapacidad y sus familias para dedicarlas a un proyecto de vida autónoma e independiente".

Asimismo, plantea, por un lado, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios asuman "íntegramente" los costes derivados de actuaciones y obras de accesibilidad en las viviendas sometidas a propiedad horizontal, y, por otro, la creación de un Fondo de Promoción de la Accesibilidad, en el marco de la Administración General del Estado, dedicado a obras públicas, infraestructuras e inversiones en nuevas tecnologías y sociedad de la información.

La plataforma de la discapacidad plantea, además, medidas que afectan al ámbito educativo, social y sociosanitario, así como al fiscal.

Enlace externo: La discapacidad propone la reserva del 6% de los contratos públicos para CEE