CERMI-Extremadura.-

LECTURA DEL REPRESENTANTE DE DOWN EXTREMADURA

• Mantener las conquistas. Las personas con discapacidad y sus familias siguen siendo un grupo social sometido a exclusión, con grandes dificultades para ejercer sus derechos básicos y libertades fundamentales y para acceder a los bienes, productos y servicios que se consideran normales para toda la población. La gravísima crisis económica y de empleo que padecen España y Europa, estos últimos años, tiene un impacto mucho mayor en las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias, que ven peligrar, o en riesgo de retroceder, las aún precarias conquistas sociales y de derechos obtenidas a lo largo de los últimos tiempos, gracias a la lucha sostenida del movimiento social de la discapacidad. Estos avances han de ser mantenidos a toda costa como logros irrenunciables y no son susceptibles de reducción o recorte; los poderes públicos han de preservar ese nivel de derechos y apoyos e incrementarlo con políticas y legislaciones enérgicas de inclusión.

• Por un modelo sostenible de atención a la discapacidad. El movimiento social de la discapacidad, articulado a través de multitud de entidades prestadoras de servicios en toda nuestra Comunidad Autónoma, es quien desarrolla todos aquellos programas y servicios que necesitan las personas con discapacidad y sus familias. Todo este movimiento asociativo, históricamente gestionado eficaz y eficientemente por las propias personas con discapacidad y sus familias, se encuentra en una GRAVE situación que necesita una solución URGENTE. El CERMI Extremadura, como entidad aglutinadora y representativa de todas estas entidades considera PRIORITARIO y URGENTE alcanzar con el ejecutivo extremeño un acuerdo que nos permita llevar a cabo el denominado PACTO POR UN MODELO SOSTENIBLE DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD, que debe encontrar su desarrollo legislativo y normativo en un nuevo MADEX (Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura) en el que puedan ser atendidas las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias y se les presten los recursos y apoyos necesarios a cada persona, en función de su tipo y grado de discapacidad, dotándolo de la memoria económica necesaria que garanticen su viabilidad y su sostenibilidad en el tiempo.
• La realidad de los recortes. Los recortes sociales en el ámbito de la discapacidad no son por desgracia nuevos. En los últimos tres o cuatro años han venido produciéndose, en muchos ámbitos, reducciones significativas de partidas sociales que han hecho desaparecer o comprometido gravemente la sostenibilidad de servicios y dispositivos de apoyo y atención directos a personas con discapacidad y sus familias, sobre todo los gestionados por estructuras del tercer sector no lucrativo. Estos recortes debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias.

• Compromiso firme de los poderes públicos. El nuevo Gobierno surgido de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 y los gobiernos autonómicos renovados en gran medida en los primeros meses de este año deben velar por el mantenimiento de los objetivos de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias mediante el desarrollo de legislaciones, políticas, estrategias y decisiones reforzadas que mantengan la discapacidad en puestos relevantes y permanentes de la agenda política. La crisis económica y social no pueden paralizar el desarrollo de las políticas públicas de la discapacidad, para asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno.
• Por una auténtica autonomía personal. En especial, la Ley 39/2006 y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que ésta crea, cuyo despliegue en sus cinco años de andadura ha sido desigual e incompleto, frustrando muchas de las expectativas despertadas, no necesitan recortes, moratorias o replanteamientos a la baja, sino un impulso político y presupuestario decidido para consolidar definitivamente un nuevo dispositivo de protección social, que junto con la Sanidad, la Educación y las Pensiones constituya el llamado CUARTO PILAR del estado del bienestar, y que tiene que dar una cobertura suficiente y digna a enormes necesidades sociales aún sin respuesta. La discapacidad y las políticas de discapacidad tienen sustantividad y perfil propios, y no pueden confundirse o desdibujarse con la atención a la dependencia, que es sólo una parte de las políticas sociales de inclusión.

• Salida inteligente de la crisis. La superación de la actual crisis económica y de empleo, debe contar con el esfuerzo de todos los sectores de la población, pero sin olvidar que las personas con discapacidad y sus familias la sufren con mayor intensidad.
• La permanencia de la visión de derechos humanos. La forma de abordar la discapacidad es el enfoque de derechos humanos. Las legislaciones, las políticas y la acción pública hacia las personas con discapacidad y su entorno familiar han de ir impregnadas de esta visión de derechos. Este enfoque de derechos humanos tiene su plasmación política y jurídica en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  de 2006, que forma parte del Derecho interno, al haber sido firmada y ratificada por España. El proceso de asimilación de los principios, valores y mandatos de la Convención debe continuar en los próximos años, ya que su acervo se proyecta en múltiples frentes y dominios que necesitan revisarse a la luz del Tratado internacional de la discapacidad. En la próxima Legislatura, habrá que aprobar un nuevo bloque legislativo de adaptación y ajustes normativos a la Convención –tanto en el plano estatal como en el autonómico-, que comprendan esferas como la igual capacidad jurídica, las leyes civiles, el Código Penal, y la legislación educativa, entre otras.

• Coparticipación. En estos momentos en los que un contexto económico y social tan adverso exige decisiones de gran calado y alcance, los poderes públicos y los gobiernos deben contar activamente con los movimientos sociales, como el de la discapacidad, en la preparación, diseño, implantación y seguimiento de las medidas que hayan de adoptarse para afrontar la crisis, a fin de que éstas surjan con la legitimidad ciudadana imprescindible.
• El CERMI Extremadura, como organización representativa de las personas con discapacidad y sus familias, cuya misión consiste en incidir políticamente allí donde se toman las decisiones, luchará para impedir y contrarrestar la adopción de medidas, presentes y futuras, que vayan en contra de la inclusión y la protección sociales de los grupos ciudadanos más vulnerables, utilizando toda su capacidad de influencia para la consecución de estos objetivos irrenunciables.

 

Mérida, 3 de diciembre de 2011